28/5/26. César Granja Morales.

Esa pareciera ser, la constante en La Sala Constitucional de Costa Rica (Sala IV), para los próximos meses.

Técnicamente hablando, la Sala sufre de un “paro técnico perenne”, pues no cuenta con el personal necesario para funcionar.

En diciembre del 2023, por espacio de una semana, y ahora desde el 16 de diciembre del 2025 a la fecha, la Sala Constitucional no ha podido operar por que les falta nombrar a 9 magistrados suplentes.

La escogencia la hacen los diputados de la Asamblea Legislativa al decidir con 38 votos a los nuevos funcionarios, es importante mencionar que originalmente, el listado era de 18 candidatos, pero la comisión de nombramientos de la anterior Asamblea Legislativa realizó entrevistas y analizó curriculums, recomendando finalmente a 9 personas.

En las últimas horas, los diputados oficialistas han solicitado una nueva lista de postulantes para escoger, ya que a los actuales, no los consideran elegibles.

Afirma la Sala Constitucional (a pedido del oficialismo), que no existe ningún nuevo proceso para formar otra lista de candidatos, por lo tanto, la escogencia debe ser con el actual listado, que fue entregado a la anterior Asamblea Legislativa desde octubre del 2025.

Aclaró también la sala, que sí existe otro listado de candidatos, pero es para ampliar la nómina y escoger a tres magistrados suplentes pendientes de la sala tercera o también llamada Sala de Casación Penal.

Por su parte, el bloque opositor hace referencia a la importancia de escoger pronto a éstos funcionarios y hacen un llamado al diálogo y dejar a un lado la intransigencia y proceder a escoger a todos los magistrados pendientes, o incluso a unos pocos por lo menos indicaron.

Por ahora no hay ninguna nueva fecha para dialogar al respecto, mientras tanto se registran 85 expedientes acumulados para resolver como: 67 recursos de amparo, 16 acciones de inconstitucionalidad, 1 hábeas corpus y una consulta de constitucionalidad.

A cada día de atraso, las causas subirán en número e importancia, y eso podría poner en una crisis de procedimientos y de resoluciones jurídicas en tiempo, tanto al país como a la sala; pues son muchos ciudadanos los que recurren a la misma para resolver sus problemas legales.